El pasado mes de febrero, pocas semanas después de que Donald Trump fuera inaugurado como presidente tras hacer campaña con promesas de deportación masiva, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una serie de redadas en al menos seis estados del país, en las que detuvo a cientos de inmigrantes indocumentados. Las redadas desataron el miedo y el pánico en las comunidades de inmigrantes: las familias faltaron al trabajo, se quedaron en casa y no llevaron a sus hijos a la escuela.

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También provocaron confusión. Los activistas de la inmigración locales estaban convencidos de que se trataba de un aumento de aplicación de la ley, la primera fase de la prometida fuerza de deportación de Trump, mientras que ICE insistía en que las redadas eran "rutinarias" y se habían planeado durante el mandato del ex presidente Barack Obama. En las redes sociales, los rumores de controles sorpresa y otras actividades de aplicación de la ley poco ortodoxas, que ICE describió como "falsas, peligrosas e irresponsables", se regaron como la pólvora. Muchos de esos informes resultaron ser falsos.